Delitos de drogas - International Lawyers Associates

Delitos de drogas

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El delito de drogas desde la disposición regulatoria prohíbe el cultivo, producción, venta, transferencia, distribución, entrega y compra de drogas.
La compra o posesión de estupefacientes no constituye un delito, sino solo un delito administrativo solo si es para uso personal únicamente.

Tras la entrada en vigor de la Ley 49/2006, y  de acuerdo con el Art. 73 párrafo 1 bis del TU 309/1990, es de considerarse un delito penal la importación, exportación, compra, recepción y posesión de cantidades no modestas de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Específicamente, la disposición regulatoria prohíbe el cultivo, la producción, la venta, la transferencia, la distribución, la entrega y la compra de drogas.

Las conductas de tráfico y detención de sustancias estupefacientes con fines de narcotráfico han de considerarse  un delito penal, aunque sean llevadas al cabo de forma gratuita.

Con respecto a los delitos relacionados con drogas, la detención debe entenderse como la disponibilidad real de la droga.

Según una orientación jurisprudencial consolidada, los índices sintomáticos del propósito de la venta pueden representarse por la cantidad, calidad y composición de la sustancia, también en relación con las condiciones de ingresos del titular y su familia, así como la disponibilidad por parte del agente del equipo para medios de pesaje o embalaje.

El art. 73, párrafo 1, regula todos los casos en los que se mantienen cantidades no modestas de estupefacientes para el tráfico de drogas, es decir, cantidades superiores a los límites máximos indicados por decreto del Ministro de Salud.

Las sanciones por drogas son estrictas, de hecho quien conduce el narcotráfico es castigado con una pena de prisión de 6 a 20 años y una multa de entre €26.000,00 y €260.000,00.

Pequeño negocio.

El caso previsto por el párrafo 5 del art. 73 del Decreto Presidencial n° 309 de 1990, constituye una hipótesis autónoma del delito llamado «pequeño negocio», que se caracteriza por un alcance general más bajo de la actividad del narcotraficante, así como con una circulación reducida de bienes, dinero e ingresos.

Este tipo de delito solo puede reconocerse en casos de conducta ofensiva criminal mínima, que puede deducirse de los datos cuantitativos y cualitativos.

Sin embargo, en cuanto a los datos cualitativos, la Corte Suprema de Justicia opina que «en el caso de posesión de cantidades no significativas de estupefacientes, la diferente tipología de la sustancia no puede constituir en sí misma razón suficiente para excluir la hipótesis de una entidad leve a que se refiere el art. 73 párrafo 5». (Cass. N. 48450 de 2016; Cass. N. 14882 de 2017; Cass. N. 29132 de 2017; Cass. N. 8243 de 2018).

Las sanciones previstas en los hechos menores son más leves que en los casos de tráfico de drogas de cantidades no modestas. De hecho, prevén reclusión de 6 meses a 4 años y multa de entre €1.032,00 y €10.320,00.

Uso Personal.

La compra o posesión de sustancias estupefacientes no constituye un delito penal, sino solo un delito administrativo en el caso de que el uso sea únicamente personal.

En nuestro sistema legal no existe una noción clara de «uso personal», sin embargo el legislador ha proporcionado una serie de criterios que el juez deberá tomar en cuenta a la hora de identificar si el uso personal existe o no. Los criterios son los siguientes:

  1. la cantidad y calidad de la sustancia narcótica, si es mayor o menor que los límites establecidos en las tablas ministeriales;
  2. las formas en que se presenta la sustancia o en la que se almacena.

Consumo Grupal.

El llamado «consumo grupal» de drogas también ha de considerarse uso personal, y por lo tanto no es penalmente relevante, tanto en el caso de compra conjunta como en el de un mandato de compra colectiva por parte de uno de los consumidores, aunque complementa el delito administrativo sancionado por el art. 75 del mismo Decreto Presidencial, siempre y cuando:

  1. El comprador sea uno de los suscriptores;
  2. La compra se realize desde el principio en nombre de los demás miembros del grupo;
  3. Desde el principio, la identidad de los directores y su voluntad manifiesta de adquirir la sustancia por medio de uno de los socios sea segura, y todos contribuyan financieramente a la compra.

Para considerar la recurrencia del delito administrativo, es absolutamente necesario que los compradores actúen sobre la base de un mandato recibido de otros.

La orientación jurisprudencial consolidada considera que «la compra y posesión de drogas destinadas al consumo personal que se realiza desde el principio por cuenta y en interés de otras personas cuya identidad es cierta y cuya intención de procurarse las sustancias para su propio consumo es manifiesta». (Cass. No. 37078 de 2007).

Con respecto a esto, la Corte Suprema de Justicia opina que «para constituir la coposesión finalizada al consumo de drogas en grupo, debe haber una prueba estricta de que las drogas han sido adquiridas en común, con el dinero de todos los participantes al grupo y con el fin de su consumo exclusivo». (Cass.n.35682 de 2007).

Nuestro sistema jurídico prevé la intervención obligatoria de un abogado, por lo tanto, es recomendable consultarse con un abogado un defensor con experiencia y que pueda elaborar la estrategia más adecuada según el caso de la persona en cuestión.

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    Bien hecho, buen decreto.
    • Estela Gracia Bertolotto
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