Relaciones y tratados internacionales entre Italia y Venezuela

Italia y Venezuela han mantenido a lo largo de los años han suscrito una serie de acuerdos internacionales en áreas de interés para ambas naciones.

Entre los tratados más destacados tenemos:

  • Tratado de Amistad, Comercio y Navegación.
  • Modus Vivendi adicional al Tratado de Comercio y Navegación;
  • Acuerdo para los Transportes Aéreos, con anexo Intercambio de Notas
  • Convenio para evitar la Doble Tributación sobre las Rentas derivadas del Ejercicio de la Navegación Aérea.
  • Intercambio de Cartas relativo al asesoramiento técnico en el sector agrícola y agro-industrial
  • Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica
  • Convenio para evitar la Doble Tributación sobre Impuestos derivantes de la Navegación Marítima
  • Convenio para evitar la Doble Tributación en materia de Impuestos sobre la Renta y para prevenir la alusión, la evasión y el fraude, con Protocolo.
  • Acuerdo de Promoción y Protección de las inversiones; Acuerdo Marco de Cooperación Económica, Industrial para el Desarrollo entre Italia y Venezuela.
  • Acuerdo Marco de Cooperación Económica, Industrial, de Infraestructura y para el Desarrollo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República italiana 2001.

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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Italiana, en el deseo de crear condiciones favorables para una mayor cooperación económica entre los dos países.
Relaciones y tratados internacionales entre Italia y Venezuela

En referencia a la protección de inversiones.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Italiana, en el deseo de crear condiciones favorables para una mayor cooperación económica entre los dos paíse. Estos han considerando establecer un adecuado flujo internacional de capitales donde se contribuirá a estimular iniciativas empresariales que favorezcan la prosperidad de ambas Naciones.

Han convenido lo siguiente que toda inversión sea de conformidad al ordenamiento jurídico del país receptor e independientemente de la forma jurídica elegida o de cualquier otro ordenamiento jurídico de referencia. Todo aporte o bien invertido o reinvertido en una actividad productiva por personas físicas o jurídicas de una Parte Contratante en el territorio de la otra, de acuerdo a las leyes y reglamentos de esta última.

Son específicamente consideradas como inversiones:

  • Bienes muebles e inmuebles, como también cualquier otro derecho “in rem”, incluidos, en cuanto sean utilizables para inversiones, los derechos reales de garantía sobre propiedad de terceros.
  • Acciones, cuotas de sociedades, participaciones y otros derechos similares aun en caso de participación minoritaria así como los demás recursos a cuya transferencia al exterior tengan derecho los inversionistas extranjeros en las sociedades constituidas en el territorio de una de las Partes Contratantes.
  • Obligaciones, títulos públicos o privados, o cualquier otro derecho a prestaciones o servicios vinculados a una inversión y que tengan un valor económico, así como las rentas capitalizadas.
  • Créditos y préstamos directamente vinculados a una inversión, tramitados a través de canales bancarios, regularmente contraído y documentados según las disposiciones vigentes en el país donde esa inversión sea realizado.
  • Derechos de autor, de propiedad industrial o intelectual tales como patentes de invención licencias, marcas registradas, secretos, modelos y diseños industriales – así como procedimientos técnicos, transferencias de conocimientos tecnológicos, denominaciones registradas y goodwill.
  • Cualquier derecho de tipo económico conferido por Ley o por contrato así como cualquier licencia o concesión otorgada de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables al ejercicio de las actividades económicas, incluyendo la prospección, cultivo, extracción y explotación de recursos naturales.

Para la Promoción y Protección de las Inversiones.

Cada Parte Contratante alentará a los inversionistas de la otra Parte Contratante a realizar inversiones en su territorio y autorizará tales inversiones de conformidad con su legislación. Cada Parte Contratante asegurará siempre un trato justo y equitativo a las inversiones de inversionistas de la otra de conformidad con las normas y a los principios de derecho internacional. Cada Parte Contratante se abstendrá de adoptar medidas arbitrarias o discriminatorias que afecten la gestión, el mantenimiento, el goce, la transformación, la cesación y la liquidación de las inversiones realizadas en su territorio por los inversionistas de la otra Parte Contratante.

En este caso se estableció dentro del tratado el término: Trato Nacional y Cláusula de la Nación más Favorecida, Cada Parte Contratante, en el ámbito de su Territorio, acordará a las inversiones realizadas por inversionistas de la otra Parte Contratante. Las rentas y a las actividades vinculadas con dichas inversiones así como a todas las demás cuestiones reguladas por este Acuerdo, un trato no menos favorable a aquel reservado a sus propios inversionistas o a inversionistas de terceros países.

Las disposiciones establecidas en el párrafo 1 del presente Artículo no se aplican a las ventajas y a los privilegios que una Parte Contratante reconoce o reconocerá a terceros países en virtud de su participación en una unión aduanera o económica, en asociaciones de mercado común, en zonas de libre comercio o como consecuencia de acuerdos regionales o subregionales, de acuerdos económicos multilaterales o derivados de acuerdos suscritos para evitar la doble imposición u otros acuerdos en materia impositiva o dirigidos a facilitar los intercambios fronterizos.

Indemnización por Daños o Pérdidas.

Ahora bien como todo contrato debe haber protección jurídica y se estableció la Indemnización por Daños o Pérdidas,en el caso que los inversionistas de las Partes Contratantes sufrieran pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante por causa de guerra o de otros conflictos armados. Estados de emergencia u otros acontecimientos similares, la Parte Contratante en cuyo territorio se ha efectuado la inversión concederá, en lo relativo a indemnizaciones, un tratamiento no menos favorable del que otorgue a sus propios ciudadanos, a sus personas jurídicas o a los inversionistas de un tercer Estado.

Si no estuvieran disponibles el CIADI ni los Mecanismos Complementarios.

En el caso que, por cualquier motivo, no estuvieran disponibles ni el C.I.A.D.I. ni los Mecanismos Complementarios, el inversionista podrá someter la controversia a un Tribunal de Arbitraje “ad hoc” de acuerdo con el Reglamento Arbitral de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y con las siguientes específicas modalidades.

Los árbitros serán tres y si no fueran nacionales de las Partes Contratantes, deberán ser nacionales de Países que tengan relaciones diplomáticas con ambas Partes. En caso de recurrir a las reglas U.N.C.I.T.R.A.L., el Presidente del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, será encargado, si fuera necesario, del nombramiento de los Árbitros. El arbitraje será realizado en Estocolmo, salvo diferente acuerdo entre las Partes. Ninguna de las Partes Contratantes, que forme parte de una controversia, podrá plantear, en una etapa del proceso arbitral ni de la ejecución de una sentencia arbitral, excepciones basadas en el hecho de que el inversionista, parte contraria, haya, a raíz de una póliza de seguro o de la garantía prevista en el Artículo VII del presente Acuerdo, percibido una indemnización destinada a cubrir todo o parte de las pérdidas sufridas.

El Tribunal arbitral determinará si la Parte Contratante de la cual se trata, ha incumplido el presente Acuerdo, y de existir incumplimiento y éste ha causado daños al inversionista, determinará el monto de la indemnización que la Parte Contratante compensará

Las controversias entre las Partes Contratantes sobre la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo deberán, en lo posible, ser resueltas mediante consultas amistosas a través de los canales diplomáticos, incluyendo el recurso a comisiones bilaterales específicas ya instituidas entre ambas Partes.

En caso que tales controversias no pudieran ser solucionadas dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha en la cual una de las Partes Contratantes haya efectuado solicitud por escrito a la otra, las mismas serán sometidas, a requerimiento de una de las Partes, a un Tribunal Arbitral “ad hoc” de acuerdo a lo dispuesto por el presente Artículo.

El Tribunal Arbitral.

El Tribunal Arbitral se constituirá de la siguiente manera: dentro de los dos meses a partir de la fecha en la cual se reciba la solicitud del laudo arbitral, cada una de las Partes nombrará a un miembro del Tribunal. Los dos miembros deberán seguidamente seleccionar a un nacional de un tercer Estado que tendrá la función de Presidente. El Presidente deberá ser nombrado dentro de los dos meses a partir de la fecha de designación de los otros dos miembros.

Si los plazos fijados en el párrafo 3 precedente no fueren observados, en falta de otro arreglo, cada Parte podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los nombramientos necesarios. En caso de que el Presidente sea nacional de una de las Partes Contratantes o se encuentre impedido por cualquier otra causa y no pueda aceptar el cargo, se solicitará al Vicepresidente de la Corte efectuar los nombramientos. Si el Vicepresidente fuere ciudadano de una de las dos Partes o por cualquier otro motivo no le fuera posible aceptar, será invitado el miembro de la Corte Internacional de Justicia que lo siga inmediatamente en el orden de precedencia y que no sea nacional de una de las Partes.

El Tribunal Arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos y sus decisiones serán obligatorias. Cada Parte Contratante sufragará los gastos de su árbitro, así como los gastos de su participación en el procedimiento arbitral. Los gastos del Presidente, así como los demás gastos, serán sufragados por partes iguales por las dos Partes. El Tribunal Arbitral determinará su propio reglamento.

En todos los términos a lo leído del resumen de unos de los acuerdos en crecimiento económico importante en ambas naciones si eres parte de inversionista o quieres formar parte podrás contactarnos dentro de tus exigencias o requerimientos ya que somos un grupo de abogados legalmente reconocidos en toda la república Italiana y en Venezuela en relación a inversiones, asesorías legales contractuales, y todo lo relacionado a los procedimientos legales dentro de estas naciones. Abogados Italianos expertos  te esperan para ayudarte somos International lawyers associates. Alexandro Maria Tirelli.

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Muy buen artículo sobre las relaciones y tratados internacionales entre Italia y Venezuela, gracias.
  • Oscar Gomez Albamil
5

Resumen

Italia y Venezuela han mantenido a lo largo de los años han suscrito una serie de acuerdos internacionales en  áreas de interés para ambas naciones.

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