En el contexto de la creciente cooperación judicial internacional, sin duda la Interpol como organización policial criminal internacional desempeña un papel fundamental. En efecto, cuando una persona ha cometido un delito y no se encuentra en ese mismo territorio, la autoridad central emite un informe a Interpol en el que se ingresa el nombre de la persona que cometió el delito en la base de datos para que las fuerzas del orden de todos los países de el mundo procederá con el arresto una vez que se encuentre al fugitivo
Posteriormente, por tanto, se procederá a la ejecución de la sentencia de extradición ante el Juez de la nación del lugar donde se encuentre detenido, y se valorará la legitimidad de la orden de captura internacional; en caso de que la orden de detención internacional no se emita legítimamente, la persona detenida debe ser puesta en libertad de inmediato. De lo contrario, si todo se ha hecho legítimamente, será extraditado al país solicitante para enfrentar un juicio o cumplir su condena.
Últimamente, sin embargo, se utiliza ampliamente la herramienta de la Notificación Roja, que es una solicitud enviada a las fuerzas policiales de todo el mundo para prever la detención de una persona a nivel internacional sobre la base de una disposición que restringe la libertad personal. expedido por una autoridad judicial nacional o internacional. La aplicación de la Notificación Roja se realiza contra personas buscadas a las que se debe solicitar una orden de detención internacional por hechos cometidos en otro Estado, a fin de garantizar evidentemente la extradición. Esta solicitud solo podrá publicarse si el delito en cuestión es un delito de derecho común de especial gravedad y si la solicitud es de interés para los fines de la cooperación policial internacional.
En este caso, en casi todos los países del mundo la aplicación de la notificación roja por parte de Interpol se considera una solicitud válida de detención provisional, en particular en el caso de que la solicitud de detención provenga de un
Estado con el que Italia haya celebrado una tratado de EXTRADICION
Como es sabido, entonces, nuestro ordenamiento jurídico prevé dos tipos de extradición: la pasiva, en la que es el estado extranjero el que solicita la extradición al Estado italiano, y la activa, en la que es Italia quien presenta la extradición. solicitud a otro país.
Generalmente, sobre este tema, la pregunta más frecuente al abogado defensor penal, así como al profesional necesariamente calificado en la materia, se refiere a las condiciones y límites para el otorgamiento de esta institución.
Pues bien, a los efectos de la entrega de personas buscadas con fines de justicia penal, la extradición no está permitida, si el hecho que es objeto de la solicitud de extradición no está previsto como delito por la ley italiana y por la ley extranjera; esto, sin embargo, se puede conceder u ofrecer, incluso para delitos no previstos en convenios internacionales, siempre que estos no lo prohíban expresamente.
Al respecto, el Tribunal de Casación, en una sentencia muy célebre, bien conocida por todo abogado penalista que colabora con nuestro despacho International Lawyers Associates, precisó que el requisito de doble incriminación, de conformidad con el art. 13 bacalao bolígrafo. no postula la correspondencia exacta de la configuración normativa y el tratamiento del caso, sino únicamente la aplicabilidad de la sanción penal, en ambos ordenamientos jurídicos, a los hechos por los que se procede (Casación Penal, Sección VI, sentencia núm. 13 de octubre de 2014). Lo que basta, por tanto, es que el hecho sea considerado delito por ambos Estados implicados. Sin embargo, es indiferente que el delito se castigue de manera diferente o que se prevea una disciplina diferente para la aplicación de circunstancias atenuantes o agravantes.
Incluso los diferentes nomen iuris no importan, bastando la mera provisión del hecho como delito.
Además, la extradición del ciudadano no está permitida, salvo que esté expresamente permitida en los convenios internacionales.
Además, el Estado que solicita la extradición de un condenado (extradición ejecutiva) o de un imputado (extradición procesal) no puede proceder en su contra por un hecho anterior o simplemente diferente de aquel por el que se concedió la extradición., Salvo que el interesado da su consentimiento explícito.
Asimismo, conviene recordar que la extradición, sujeta al principio ne bis in idem, está prohibida si se solicita por delitos políticos, y sobre todo prohibida si existen motivos para creer que la persona buscada será sometida a hechos que constituyan la violación de un de los derechos fundamentales de la persona!
Sobre el tema, la Corte Europea de Derechos Humanos ha reiterado reiteradamente que el sufrimiento infligido nunca debe exceder ese elemento inevitable de sufrimiento relacionado con cualquier forma de tratamiento punitivo legítimo.
Los Estados tienen la obligación de asegurar que toda persona extraditada sea detenida en condiciones que respeten su dignidad, y que la forma de ejecutar la sentencia no le cause angustia y angustia de mayor intensidad que el inevitable nivel de sufrimiento inherente a la detención. el abogado penalista especializado en extradición es evidentemente el principal garante de esta necesidad.
El procedimiento para otorgar la extradición consta de varias etapas, tanto de carácter administrativo como judicial, por lo que se requiere una asistencia seria y especializada; asistencia que nuestro equipo, constantemente actualizado en la materia, es capaz de brindar a través de un amplio soporte que se brinda durante todo el trámite,
¡La posibilidad de gestionar un procedimiento de extradición de la mejor manera posible existe y es una posibilidad concreta!